El tarifazo de ETECSA simboliza el abandono del principio de equidad social, al imponer nuevas cargas económicas inasumibles para la mayoría 5il2k
El análisis publicado bajo el título Cuba: Del 11J al tarifazo de ETECSA me retroalimentó con preguntas y reflexiones sobre el presente y el futuro de la movilización universitaria en Cuba. Unas protestas gestadas en la Universidad de La Habana y replicadas en alrededor de veinte centros docentes del país, que detonaron con el anuncio de nuevas tarifas de conexión a internet impuestas por el monopolio estatal de las telecomunicaciones: ETECSA.
Aun cuando intentaré al final de este trabajo exponer los aportes particulares de la movilización universitaria, la integración de los estudiantes a las dinámicas de cambio en Cuba es trascendente para el presente y el futuro de la nación. Ellos poseen un elevado potencial histórico como actores de conciencia crítica dentro de la sociedad civil, por ser las universidades espacios de confluencia del saber, el pensamiento crítico, la articulación colectiva y el liderazgo social.
El movimiento estudiantil —prefiero usar el término 25J porque facilita la memoria histórica y ofrece articulación narrativa— es una expresión genuina del disenso en Cuba. Existen, por lo menos, cinco ejes interpretativos que permiten comprender por qué emergió:
El tarifazo de ETECSA simboliza el abandono del principio de equidad social, al imponer nuevas cargas económicas inasumibles para la mayoría. Es importante subrayar el adjetivo “nuevas”, porque sobre los cubanos pesan, en primera instancia, la paupérrima situación económica con una galopante tendencia a la dolarización —el salario oscila entre los 12 y los 20 USD—, el peso psicológico y emocional de una vida sin perspectivas de futuro, las tasas impositivas y tarifarias —aquí se incluyen el precio del dólar a 375 CUP el 10 de mayo en el mercado informal y el propio tarifazo—. Estas condiciones se sintetizan en la simbiosis de la actual crisis estructural y de sentido, que obliga a la búsqueda de la libertad individual en un proyecto migratorio, el cual percibe frenos con las medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump.
La censura y vigilancia digital revelan a un régimen que teme la libre expresión y reprime cualquier manifestación de disidencia, incluso en las redes sociales. La falta de representación genuina de la FEU reafirma que las estructuras estudiantiles no son portadoras de participación real y están subordinadas al control del Estado. La desigualdad social y los privilegios elitistas —plagados de manifestaciones de corrupción—, por su parte, erosionaron la legitimidad de un modelo que se proclamaba igualitario. Y, finalmente, el descontento generalizado ante la crisis prolongada evidencia el agotamiento de un régimen incapaz de ofrecer bienestar, oportunidades o futuro a las nuevas generaciones.
Los estudiantes del 25J comprendieron que estructuras como la FEU no representan los intereses estudiantiles. Esta conciencia marca una dicotomía política: la aceptación de que el canal institucional es un aparato ideológico oficial, y que cualquier atisbo de transformación real debe construirse desde la base, actuando la comunidad universitaria como sujeto autónomo.
Este principio —la autoorganización desde la horizontalidad legítima— fue visible en experiencias históricas como el Movimiento del 4 de Mayo en China (1919), la Reforma Universitaria argentina (1918) o las revueltas estudiantiles de Praga y París en 1968. En estos casos, el protagonismo juvenil emergió sin directrices partidistas ni estructuras tradicionales, articulando sus propios lenguajes, símbolos y estrategias. Así también ocurrió el 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos —jóvenes en su mayoría— salieron a las calles sin permiso, sin voceros oficiales ni partidos, a exigir libertad.
El 11J fue una chispa inesperada. Encendió la conciencia de miles de cubanos que fueron víctimas del aparato represivo al ser sometidos a detenciones, juicios sumarios y condenas severas. Los estudiantes universitarios presenciaron, de manera directa o indirecta, un estallido social invisibilizado por los medios oficiales, donde los manifestantes fueron objeto de criminalización sistemática, revelando con claridad las inconsistencias del discurso estatal.
El aprendizaje muestra nuevas formas de acción: sentadas, pronunciamientos, cadenas digitales, estructuras asamblearias. A diferencia del 11J, el movimiento universitario de junio de 2025 no es una explosión espontánea, sino una construcción política. Su objetivo no es únicamente el rechazo al tarifazo, sino la reconfiguración de la relación entre los estudiantes y el poder.
Frente a esta reorganización del disenso, el aparato estatal respondió con su estrategia clásica: primero intenta cooptar, luego amenaza. La propuesta de crear una tarifa diferenciada solo para estudiantes fue un gesto calculado: dividir a la población, fragmentar la solidaridad, crear una ilusión de diálogo y aislar al movimiento de sus posibles aliados sociales. Esta es la técnica del “particularismo táctico”, mediante la cual se neutraliza la protesta sin atender su raíz estructural.
Cuando la dispersión no funciona, el régimen no vacila en escalar. La distancia entre la seducción y la violencia es mínima. La historia reciente está llena de ejemplos en que una sentada terminó en prisión o un cartel fue tratado como amenaza a la seguridad nacional —Luis Manuel Otero Alcántara, sentada por el Decreto 349 (2020); sentada frente al Ministerio de Cultura el 27N (2020); Zuleidys Pérez Velázquez, cartel en una iglesia de Holguín (2022); Liset Fonseca (madre de Roberto Pérez Fonseca), arrestada por poner un cartel pidiendo la liberación de su hijo preso el 11J (2022); José Daniel Ferrer, cartel “Patria y Vida” (2021); Coco Fariñas, y un largo etcétera—. Los estudiantes se mueven en un terreno minado: saben que cualquier palabra puede convertirse en un arma contra ellos, pero callar ya no es una opción.
Desde una perspectiva filosófica, asistimos a una ruptura de la obediencia ciega. El estudiante que alza la voz deja de ser engranaje y se convierte en sujeto moral. En términos kantianos, comienza a actuar no por temor, sino por respeto a la ley interna: aquella que surge de su conciencia. Este paso de la heteronomía —en el caso cubano, obediencia a los mandamientos del Estado— a la autonomía —actuar desde la reflexión y la responsabilidad personal— articula la génesis histórica de todo proceso emancipador.
Una lectura sociológica del contexto cubano contemporáneo permite identificar la emergencia de un nuevo tipo de sujeto político, distinto tanto del disidente tradicional como del militante orgánico. Se trata del ciudadano-estudiante, una figura que articula su identidad a través del reclamo de dignidad y del cuestionamiento al rol subordinado de la universidad. Esta nueva subjetividad exige que el espacio universitario deje de funcionar como mecanismo de adoctrinamiento ideológico para transformarse en un verdadero laboratorio de pensamiento crítico y proyección social.
Las perspectivas del movimiento universitario eran, desde un inicio, inciertas. ¿Podría sostenerse, crecer, provocar cambios reales? La historia muestra que la juventud organizada, cuando no se deja absorber por el poder, puede transformar sociedades. En el caso cubano, un cambio social de dimensiones radicales estará plagado de contradicciones, será lento y doloroso.
Desde el principio existían tres escenarios posibles a los que se expondría el movimiento universitario:
El paso del primer al segundo escenario implicará la generación de un entorno marcado por diversas formas de represión: desde la expulsión de la universidad o la reubicación forzada en carreras menos prestigiosas, hasta citaciones a estaciones policiales y visitas intimidatorias a sus hogares, donde también se ejercerá presión sobre sus familiares a través de estructuras comunitarias o centros de trabajo. A esto se suman las presiones ejercidas por profesores y autoridades universitarias, la estigmatización ideológica, e incluso la amenaza de enfrentar procesos judiciales y sanciones penales.
Pero al tratarse de estudiantes universitarios, al Estado le resulta especialmente difícil presentarlos ante la opinión pública como delincuentes o elementos marginales, sin pagar un alto precio en términos de credibilidad y legitimidad. La figura del universitario, históricamente asociada al conocimiento, la conciencia crítica y el compromiso cívico, posee un capital simbólico que impide su fácil descalificación. Conscientes de ello, los estudiantes actuaron con inteligencia estratégica: centraron sus demandas en derechos básicos compartidos por toda la ciudadanía, evitando privilegios o intereses sectoriales. Incluso rechazaron propuestas que los habrían beneficiado exclusivamente —como las rebajas diferenciadas de tarifas—, dejando claro que no buscaban ventajas particulares, sino justicia para todos. Esta postura ética y coherente, expresada en cartas públicas y comunicados colectivos, dificultó cualquier intento del régimen de retratarlos como violentos, vandálicos o contrarrevolucionarios. Al contrario, evidenció que representaban el interés general con un discurso maduro, pacífico y socialmente incluyente.
El movimiento universitario —más allá de su desenlace— marca un punto de inflexión en el panorama sociopolítico cubano, al evidenciar fracturas profundas en la arquitectura institucional del Estado y al desenmascarar la naturaleza simulada de la representatividad estudiantil encarnada por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). En un entorno históricamente condicionado por la erosión sistemática de la sociedad civil, la irrupción del sujeto universitario como actor consciente y éticamente comprometido confirma la persistencia de núcleos de resistencia simbólica y práctica que desafían el monopolio estatal sobre la legitimidad política.
Desde un inicio el Estado pretendió transmitir la imagen de un clima de diálogo y normalidad. Pero los aparatos del Estado se volcaron contra los manifestantes: amenazas y casas intervenidas de los estudiantes en la Universidad Central de las Villas (UCLV); en la CUJAE, agentes encubiertos realizaron interrogatorios, borraron información de varios móviles y eliminaron el canal “CUJAE habla”. Fueron ingentes, además, las campañas de descrédito, tildando a los universitarios de víctimas de influencias externas.
La represión no se limitó a las amenazas estatales directas: incluyó visitas a sus casas con la consecuente presión familiar —padres, madres, hermanos— que repitieron frases como “hijo, piensa en tu futuro”, “no te busques problemas”, “no tires tu vida por la borda”. Estas advertencias no son ingenuas: son reflejo del miedo inducido durante décadas de control social. Operan como chantaje afectivo que desarma al joven desde su entorno más íntimo.
La represión universitaria vive un proceso silencioso de cacería de brujas, que tuvo antecedentes directos en los episodios de citación a estudiantes del ISA y la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Habana a oficinas de la Seguridad del Estado y estaciones policiales por comentarios contrarios al gobierno en redes sociales (2023), las amenazas de expulsión de las becas estudiantiles a universitarios de La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba (2022–2025), y la expulsión de la Universidad de Matanzas de la Dra. Alina Bárbara López Hernández (2023) por participar en debates públicos, protestas pacíficas y defender las libertades civiles.
Es oportuno resaltar que los estudiantes de la Universidad Central de las Villas (UCLV) dedicaron su carta pública a la Dra. Alina López Hernández, reivindicando su figura como ejemplo de resistencia y coherencia intelectual.
El colapso de la representatividad institucional es cada vez más evidente. Mientras el pueblo padece inflación, emigración forzada, escasez de alimentos y medicinas, las organizaciones oficiales permanecen alineadas con el discurso del poder. Lejos de canalizar el malestar, lo silencian o lo reprimen. El tarifazo de ETECSA en 2025 fue revelador: la dirección nacional de la FEU no defendió a sus estudiantes, sino que los acusó de actuar al servicio de intereses foráneos.
Este comportamiento se inscribe en una narrativa repetida desde los inicios del proceso revolucionario: todo crítico es, por definición, enemigo. La apelación al “enemigo externo” —principalmente Estados Unidos— justifica fracasos, perpetúa el control interno y criminaliza cualquier disenso como traición.
La técnica política busca crear un enemigo para consolidar el poder central. Como escribió Carl Schmitt: “soberano es quien decide sobre el estado de excepción”, y Cuba vive una excepción perpetua. Esta emergencia fabricada permite suspender derechos, restringir la movilidad, limitar la información y justificar la violencia institucional bajo el manto de la defensa nacional.
Sin embargo, la estrategia muestra señales de desgaste. El pueblo cubano comienza a percibir que el discurso del enemigo encubre ineptitud, abuso de poder y control represivo. El 11J marcó un punto de quiebre: por primera vez en décadas, miles de ciudadanos salieron a gritar —¡Libertad!— sin otro respaldo que su dignidad.
Es apresurado hacer un balance de los principales aportes del movimiento J25, pero, grosso modo, pueden esbozarse aspectos que se modelarán con el conocimiento de lo que ocurra en el futuro inmediato y mediato de las universidades.
Fue evidente el desenmascaramiento de la FEU en todos sus niveles como una estructura vacía e incapaz de representar las demandas estudiantiles.
Los universitarios desmontaron la estrategia del uso de privilegios diferenciados como herramienta de cooptación; basta citar una frase que simboliza el proceso: “Las rebajas deben ser para todo el pueblo”. Esa postura evidenció la dimensión ética asumida, rompió con la lógica clientelar del régimen y expresó una nueva conciencia solidaria y anti-elitista.
El discurso se articuló desde un lenguaje de base ciudadana con un profundo contenido ético que desobedece, cuestiona y construye sentido histórico. Fueron elocuentes frases como: “no pedimos privilegios, exigimos derechos”; “pensar no es delito”; “la universidad no puede ser zona de adoctrinamiento, sino laboratorio de crítica social”; o “lo que exigimos no es utopía: es a la verdad, justicia y condiciones dignas para pensar”.
Quedó al descubierto, ante la masa estudiantil, el Estado como responsable de los problemas denunciados, obstáculo para las soluciones y causante del acelerado deterioro de la vida del país.
Se demostró la capacidad del estudiantado para unirse sin la mediación de líderes visibles, sin intermediarios impuestos, articulando redes horizontales y alcanzando un seguimiento de la comunidad nacional e internacional, que incluyó al exilio cubano -la patria cívica de una nación dispersa como me gusta llamarlo - y a movimientos estudiantiles de Argentina, Colombia, Chile, entre otros.
La movilización universitaria reciente dio un golpe simbólico a la narrativa oficial que históricamente presenta a la juventud como un sujeto plegado al poder y funcional a sus estructuras de legitimación. Frente a ese imaginario domesticado, emerge una generación que convierte la universidad en un espacio de lucha moral, donde se articulan la conciencia crítica, la exigencia ética y la resistencia al adoctrinamiento.
En ese proceso no solo se redefine el papel político de la institución académica, sino que comienza a gestarse una memoria colectiva del coraje y la dignidad estudiantil, capaz de contradecir la amnesia inducida por el control ideológico y de inscribir una nueva tradición de ciudadanía activa en el corazón mismo del saber.
La pregunta es inevitable: si hay tanta conciencia, tanta miseria y tanto rechazo, ¿por qué el régimen no cae?
Para que la movilización universitaria no se convierta en un recuerdo, sino en un punto de inflexión, se requieren varios factores:
Todo intento serio de construcción ciudadana desde abajo ha sido reprimido: Proyecto Varela, Movimiento San Isidro, 27N, 11J. Siempre el mismo patrón: detención, exilio, difamación. Mientras el Estado conserve el poder absoluto de permitir o prohibir el ejercicio de la ciudadanía, la sociedad civil seguirá en estado de secuestro.
Aun así, la llama no se apaga del todo. Los estudiantes del 25J volvieron a encenderla. Y esa llama no exige privilegios ni prebendas: exige un país donde pensar distinto no sea delito, donde disentir no implique perder la carrera, la familia, la libertad. Un país donde se pueda tener futuro sin tener que callar.
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